El pragmatismo de un ejecutivo liberal en un Estado federal - Autor invitado: Ariel Lautario Ayup Lopez

 Por Ariel Lautaro Ayup López

Se han cumplido 82 días desde que asumió el presidente Javier Milei.  Entre sus dichos y su gestión, encontramos promesas incumplidas. A la par, otras en total ejecución y con poco margen para que se detengan. De este modo, el presidente prometió que la “ley ómnibus” si no fuera aprobada por el congreso, se aprobaría por plebiscito. En este sentido, Luego del paro nacional del 24 de enero, se retrasó la votación una semana y se concluyó que en el abrumante recorte que le hicieron artículo por artículo. La misma La Libertad Avanza, anularía su discusión y pasaje a la cámara del senado. De esta manera, el proyecto de ley volvió a comisiones y las advertencias de aprobarlo por plebiscito quedaron sin valor alguno. Se estima que el gobierno de Milei perdió 15% de la aprobación en comparación con el balotaje de noviembre del año pasado.

Otro caso de gran magnitud es el ocurrido el día miércoles, un mes después de las votaciones en el congreso. El gobernador de Chubut (Ignacio Agustín Torres) amenazó con parar la producción petrolera por 24 horas. Sumado a esto se vio un aumento alrededor del 4% en la nafta. De esta forma, Milei tuvo una pulseada con los gobernadores, del sur en particular. Al mismo tiempo, también con los ejecutivos provinciales del país en general que habían prestado apoyo a Torres. La justicia federal falló en favor de Chubut y el gobierno nacional acató la suspensión de recortes en esta provincia. Frente a este hecho se denota el objetivo por concentrar los intereses y el poder de las decisiones económico políticas en la capital federal, cuestión que se advertía cuando hablaba de cortar subsidios, en el cual incluía a los mandatarios provinciales. Por ende, aunque saliera fallido el intento de subordinar a los gobernadores, el ajuste sin trabas propuesto en campaña, se ve reducida la posibilidad de un posible retroceso en los recortes.

Achicar, recortar y violar reglamentos inamovibles es destruir el Estado.

“El liberalismo real es la inseguridad social, porque es la seguridad de las ganancias concentradas del mercado”. 

Hemos escuchado repetidas veces el desprecio que tiene Milei por la justicia social y el Estado de bienestar en su postura previa a asumir el gobierno, pero desde los primeros días en Casa Rosada se ha visto también su desinterés por el Estado de Derecho y el Federalismo.

Llevando a cabo su plan de ajuste, en dos meses generó un 52% de inflación a nivel nacional, recortando gasto fundamentalmente en aquellas provincias que financia el Estado nacional. Tarifas, como el caso de energía, el transporte, y el IVA en los alimentos, entre otros, incrementaron sus valores profundizando la crisis en cada distrito. Un claro ejemplo es la situación del transporte interurbano de la provincia de Córdoba en el que con el aumento del 37% los precios de los combustibles el 13/12/2023, el 26% el 3 de enero y el 6,5% el 1 de febrero y retirados los subsidios nacionales tuvieron incremento del precio del boleto de hasta el 141% en dos meses.

El efecto más preocupante es el que viene caracterizando a Argentina en los últimos 6 años, cuando empezaron a mayor velocidad los despidos en los años 2017 y 2018, sumado el paro de la producción en el 2020 por pandemia, y la respuesta a esto fue que la oferta laboral que se generó antes y posterior, fue importantemente informal. Agregando que son considerados trabajadores formales aquellos que perciben un salario y aportan al sistema de seguridad social, e informales aquellos que no. Por lo que la tasa de informalidad entre trabajadores asalariados ronda en el 36,8% en el segundo trimestre del año pasado siendo en el mismo periodo del 2020 fue del 23,8& y en el 2022 el 37,8% según el INDEC, pero que no incluye a cuentapropistas informales. Y que, en el tercer trimestre del 2023, el desempleo en el sector privado comenzó a generarse, antes de los despidos masivos que vinieron en diciembre y enero en el sector público. Podemos concluir que se venía precarizando el Estado de Bienestar ya que con estos niveles de informalidad laboral y precarización de ingresos El Estado no tuvo una contundente política de regulación en las relaciones laborales, con el uso de los derechos de este. por lo que resonaba con más fuerza en la sociedad el desprecio al Estado que interviene, al modelo que propone Milei de un Estado ausentado en las relaciones sociolaborales. ¿Qué primera función tiene el Estado, si no es el bienestar social? Más que un achicamiento del presupuesto y el recorte para las inversiones internas del país se trata de una ruptura en las funciones económicas de este, ruptura que no son avaladas por la constitución nacional, ni por las constituciones provinciales o las cartas municipales. Si bien la justicia Federal admitió un amparo sobre el DNU del presidente en materia de reformas laborales que facilitaban desregulaciones salariales, para que los empleadores despidan a sus trabajadores y no los indemnicen, etc; la realidad es que en el cotidiano ya se vive y se hace carne la precarización laboral. Donde les informales, no tienen acceso a gran parte de sus beneficios, y hoy trabajadores del sector público no pueden negociar paritarias. Más a fondo, luego del retroceso de la “ley ómnibus” en el congreso, lo que más deja en evidencia el rechazo de la presidencia por las negociaciones con los distintos bloques de la cámara de diputados y del senado. En 40 años del retorno a la democracia siempre se aprobó la primera votación en el congreso de una ley que se llevará al congreso propuesta por la presidencia. hasta este mandato presidencial, lo que denota un distanciamiento y conflicto con el poder legislativo. “Para Milei todo es mercado, no existe la política y el consenso” Lucas Fonseca. A esto se le agrega, el DNU en general, está en vigencia. avanzando ya a la comisión bicameral, se vuelve necesario que empiecen a sesionar para tratar el DNU, y proceder a que se declare inconstitucional. Milei sostiene que marzo y abril serán los meses más difíciles para la sociedad argentina, pues queda en evidencia que, ante el rechazo de la ley en congreso, el poder judicial debe avanzar en tratar el mega decreto de diciembre. Concluyo así que además de un intento de facismo del poder ejecutivo, su ventaja se da a partir de la desvinculación que hay entre los tres poderes nacionales, incumpliendo con las obediencias constitucionales. un aparente resquebrajamiento del Estado en función de su rol de representar las necesidades de la sociedad argentina.

El costo lo paga la ciudadanía y las quintas provinciales.
Está claro el objetivo de la libertad avanza por un Estado pasivo para las necesidades sociales. Más aún, hay una total desregulación en la competencia entre los mercados, en el que se favorecen el mercado transnacional y la economía financiera (especulativa). Lo podemos ver en el caso donde el paquete de las leyes que quería imponer, era el de la libertad de ventas de medicamentos en mercados cuando no estuvieran aprobados por un titular farmacéutico. Así, ¿Qué valor tendrían las pequeñas farmacias si de esta forma cualquier comerciante puede vender insumos medicinales? Y estos a la vez le reducen sus compras a las pequeñas droguerías, sumado esto a la caída de consumo medicinal por los altos precios, solo subsisten aquellas distribuidoras más grandes.
A esto cabe sumarle que donde más se instalan las grandes empresas en general, y donde se reciben las importaciones, es en el puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ante la caída del consumo en las provincias, el reducimiento de circulación de moneda, pero fundamentalmente el alto valor de los precios, y la quita de subsidios, ha ahogado tanto la población como las expectativas de los representantes provinciales. Mas como recrudecimiento de esto, Milei, luego de desaprobarse la ley en la cámara de diputados, publicó una lista de traidores, y se confrontó con dos gobernadores en particular hasta el momento: con Martín Llaryora que apoyó en los primeros 50 días de una forma contundente al gobierno nacional, e Ignacio A. Torres que perteneció a la colación que lo apoyó al presidente en el balotaje, y que integraba el apoyo parcial a la “ley Ómnibus”.
Aquí se evidencia el liberalismo explícito, así como se pretende que desmantele del Estado, se pretende que se eliminen las competencias dentro del estado, ósea hay que centralizar las decisiones.

“Podría interpretarse la libertad avanza como una empresa buscando eliminar a sus competidores con acciones de este tipo de recortes a la competencia” Lucas Fonseca.

En conclusión, la descentralización de los poderes, la presencia de un sistema federal, se vuelve una traba para el modelo que el gobierno de Javier Milei quiere seguir llevando a cabo. Pero, sobre todo porque aquí los poderes estatales antes que representantes de la sociedad, funcionan como una compañía. Las quintas provinciales que siempre han sido el negocio de los capitales regionales, hoy se ven afectados por un interés mayor, que son los intereses transnacionales. Se liberaron las exportaciones, y se permite que vengan empresarios a instalarse aquí sin control o regulación alguna por parte de las instituciones públicas.
Pero, ¿hasta dónde se pueden distorsionar las lógicas políticas que existen hoy? máxime cuando fue el interior del país quien le otorgó los votos para ser presidente. Las consecuencias de este intento de desvirtuar el rol de las provincias, hoy tuvo un desenlace en el que la justicia federal falló a favor de Chubut, y el gobierno nacional deberá suspender el recorte de fondos a esta provincia, sin dejar de mencionar que esta tuvo desde el primer momento el apoyo de los gobernadores, como de la ciudadanía, así lo muestra la encuesta de Zuban Córdoba” donde el 54% de los consultados dicen que “debe defenderse los intereses de su provincia aunque tenga que enfrentar al presidente”